Entrevista: Engrosando los 119 casos de la Comisión de la Verdad a 10 años de su Informe Final

Ya han pasado 34 años desde ese 12 de junio de 1986, cuando Patricio Fernando Aragón Andrade de 20 años de edad, fue alcanzado por un perdigón de una carabina de la Policía Nacional en las inmediaciones de la Universidad Central, matándolo en su camino al hospital. La señora Magali, entonces viuda del señor, nos cuenta en una entrevista cómo vivió y mantuvo su esperanza respecto a la justicia ecuatoriana, para encontrar responsables y alcanzar las debidas reparaciones integrales del determinado Caso 40/Periodo 1984–1988, perteneciente al Informe Final de la Comisión de la Verdad publicado el 7 de junio de 2010[1].

Cómo creer en un sistema de justicia el cual tiene lineamientos políticos. Esa era una de las cuestiones y barricadas que impidió a la señora Magali obtener un proceso garantista y con celeridad que la ayudara a encontrar confianza en el sistema penal, del entonces gobierno de León Febres Cordero. El caso del señor Aragón, determinado como ejecución extrajudicial, pasaría a engrosar las filas de los 119 casos que constituyen 456 víctimas directas por atropello a sus derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad[2]. Del total de casos, el 55.1% sucedieron durante el gobierno de Cordero, configurándose en el 68% de las víctimas totales recopiladas por la Comisión de la Verdad en su informe[3].

A Magali le dijeron que el señor Aragón fue un terrorista. Un recién ingresado universitario cuyas responsabilidades con su recién nacido y su esposa, lo pondrían en el momento y lugar incorrecto; una manifestación estudiantil en contra del alza de precios de productos básicos. Según relata la viuda, el poco más de 1.90 metros de estatura de Patricio fueron determinantes para que sea un blanco fácil y el perdigón fuese letal.

El caso del estudiante muerto en disturbios llegó a tela de medios de comunicación. Se hacía entender que la tragedia justificaba la baja de un militante subversivo a los intereses del pueblo[4]. El entonces ministro de gobierno, Luis Robles Plaza, destituido de su cargo por el propio congreso en 1987[5], fue y es el único nombre con un proceso de juicio cuyas implicancias daban responsabilidad, pero sin conseguir ninguna trascendencia[6]. “No podía hacer yo nada. Me pidieron que mejor dejara las cosas como están”. La viuda recibió amenazas para que no se hiciera justicia por su esposo.

En 2007 la luz del túnel para limpiar el nombre del señor Aragón ante la justicia y el medio social, pero siempre sostenida por una fe incondicional de la señora Magali, se viabilizaba con la conformación de la Comisión de la Verdad. Este proyecto planteó metas para una investigación profunda de violaciones de derechos humanos ocurridas entre 04/10/1983 hasta 31/12/2008, para de esta manera establecer hechos susceptibles a políticas de reparación y responsabilidad del estado ecuatoriano.

La señora Magali formó parte de las más de 600 declaraciones de víctimas de violaciones de derechos humanos. Rindió su testimonio en 2008, como única familiar compareciente al caso de su esposo. Para el año 2011, el informe de la Comisión de la Verdad daba 156 recomendaciones[7] a los casi 300.000 documentos desclasificados a nivel nacional[8].

Ese mismo año se aprobó la Ley de Víctimas, que ofrecía reparación a víctimas y judicialización de los casos presentados en el informe. Hasta la fecha menos del 5% de los casos han sido judicializados, manteniéndose el caso de la señora Magali entre la mayoría que todavía se encuentra en fase de investigación previa, a pesar de haber publicado el 80% de nombres de presuntos responsables[9], entre ellos el del accionante del disparo al señor Aragón.

Para el año 2018, la señora Magali recibió las medidas de reparación elementales propuestas por la Ley de Víctimas; tales como de salud, dándole una atención y prioridad médica en una situación particular, además de haberle ofrecido una beca para su hijo y hasta facilidades de préstamos financieros del Estado para iniciar un emprendimiento. Lo que no consigue, como muchos en su situación, es la compensación económica y una sentencia judicial justa que revele la verdad del crimen de Patricio. Todo eso está pendiente.

Edición-Autor: Andrés Doubosky Márquez Vega

Edición-Co-autor: Pedro José Ponce Witt

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Bibliografía y Fuentes

[1] Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad — Ecuador 2010, “Tomo 4 Relato de Casos 1984–1988 p 270”.

[2] Caicedo Tapia, Danilo Alberto. Experiencia de la Comisión de la Verdad Ecuador. Perspectivas de judicialización de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Quito, 2012, 114 p. Tesis (Maestría en Derecho. Mención en Derecho Constitucional). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho..

[3] Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad — Ecuador 2010, “Tomo 1 Violaciones de los Derechos Humanos”, Quito, Comisión de la Verdad Ecuador, 2010, pp. 88–93

[4] Tamayo, E. (2008). Resistencias al autoritarismo Gobierno de León Febres Cordero (1984–1988), p. 52

[5] Tamayo, E. (1987). 1987: Abuso de poder, violencia y atentados a la soberanía. Recuperado de https://www.alainet.org/es/active/80028. El 29 de junio de 2020.

[6] Comunicado de la FESE y FEUE ante el Congreso Nacional, leído durante el juicio contra Luis Robles Plaza, CV, casos UIES, carpeta 282, juicio Robles Plaza, p. 21

[7] Albán J.P. (2015). De los 136 casos documentados por la Comisión de la Verdad, sólo 6 se han judicializado. Recuperado de https://www.larepublica.ec/blog/politica/2015/10/14/de-los-136-casos-documentados-por-la-comision-de-la-verdad-solo-6-se-han-judicializado/. El 27 de junio de 2020.

[8] Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad — Ecuador 2010, “Tomo 1 Violaciones de Derechos Humanos”, Quito, Comisión de la Verdad Ecuador, 2010, pp. 13–28.

[9] Philip Alston, Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Misión Ecuador, 9 de mayo de 2011, párrafo 89, p. 22.

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